Ya van más de 10 años intentando implementar el modelo de bicicletas públicas.

La propuesta de alianza público-privada (APP) que presentó la empresa BCycle Latam SPA (de Chile), a finales del 2016, está en proceso de validación por parte de un tercero distinto a la Alcaldía y al proponente; ese tercero es la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad con la que la ciudad firmó un convenio interadministrativo por cerca de 1.000 millones de pesos, que tiene como objeto esa revisión.

Lo anterior significa que la propuesta presentó el número de estaciones y bicicletas que pretende instalar y ofrecer en el espacio público bogotano, así como el modelo financiero que espera seguir y el nivel de servicio que les ofrecerá a los usuarios. Actualmente Bike Santiago afronta una demanda colectiva que presentó el Servicio Nacional del Consumidor de Chile, dependencia del Ministerio de Economía, que busca proteger a los consumidores. Lo que motivó la demanda fueron los casi 700 reclamos que presentaron los usuarios por irregularidades como los cobros indebidos, mala calidad del servicio e incumplimientos del contrato. Ahora lo que busca la entidad es la reparación y restitución del dinero extra cobrado a los afectados.  Sus líos no acaban ahíBike Santiago en este momento tiene en contra hasta a su principal patrocinador, el banco Itaú, al que acudió para solicitarle 15 créditos para completar la implementación del sistema de bicis.

El banco, cuyo logo es el único que aparece en las bicicletas naranjas que transitan por Santiago, interpuso dos demandas que suman $5.100 millones colombianos. Toda esta situación ha llevado a la empresa a admitir su mal momento y a solicitarle al Gobierno chileno una millonaria inyección de recursos para salvar el sistema. Esta situación empieza a tener eco en el Concejo de Bogotá, desde donde le exigen a la administración claridad y  analizar bien la información alrededor de la empresa chilena, que pretende implementar el sistema de bicicletas públicas en la ciudad, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con Bike Santiago.

Para algunos concejales como María Fernanda Rojas (Alianza Verde), el Distrito está cometiendo un grave error en su apuesta al dejar todo en manos de una APP y no incluir recursos públicos, lo que dificulta la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa. “Hay un problema de fondo y es la concepción de que las bicicletas públicas solo pueden hacerse con recursos privados. La idea del Distrito de que a ese proyecto no se le debe meter dineros públicos es un error. El mismo operador que está presentando una propuesta en Bogotá demostró, en Chile que solo con los recursos de los privados no funcionan y ahora está pidiendo un rescate. Sin ir tan lejos, las bicicletas públicas de Medellín funcionan exclusivamente con recursos públicos y es una experiencia exitosa, con más de 10.000 viajes diarios. También preocupa la situación de esa empresa, porque está muy enredada en asuntos jurídicos y financieros”, indicó la cabildante.

Diego Devia (Centro Democrático) considera por su parte que esta situación es producto de que los anteriores intentos han llevado a planear un mejor proyecto y cree que el proceso debe hacerse más abierto con la ciudadanía. “Por el momento, aunque el estudio lo adelanta un privado, no se ha abierto la posibilidad de que los ciudadanos entreguen sus aportes y propuestas. Debe haber intermodalidad, más seguridad y mejoras en la infraestructura de las ciclo rutas”.

En principio, las bicicletas públicas se ubicarían en un gran cuadrante comprendido entre los cerros orientales y la carrera 30, y más o menos entre las calles 6.ª y 127(aunque el estudio de factibilidad aún está por definir con precisión esas coordenadas), en lo que es conocido como el centro ampliado de Bogotá. Además de esa zona, en la que los usuarios tendrían libertad de movilizarse por donde prefieran, no solo por ciclo rutas o bici carriles, se contempla una conexión con la localidad de Kennedy a través de la calle 13 o la avenida de las Américas.

También manifestó el concejal Torres “Bogotá tiene la necesidad de generar un sistema público de bicicletas para mejorar la movilidad en la ciudad, mejorar la calidad del aire y descongestionar el sistema de transporte que hoy tenemos. Lamentablemente la administración pasada dejó ilusionada la ciudad con el ingreso de un sistema público de bicicletas, pero el mismo no arrancó y sí generó una serie de multas por el orden de los $8.400 millones, producto del incumplimiento a las cláusulas contractuales”.

Torres también cuestionó que la actual administración, que, transcurridos dos años y medio de su gestión, tampoco ha sido efectiva “No se ofrece a la ciudad una alternativa para una tener un sistema de bicicletas públicas. La Administración se ha quedado en el estudio de una posible APP que sea financiada con recursos privados a través de publicidad para tener un sistema de bicicletas, no obstante, lo que estamos observando es que ese sistema se quedaría en un corredor que no es el que tiene mayor requerimiento por parte de los bici usuarios”, dijo.

Escrito por: Daniel Eduardo Romero

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